Promover reformas legales para restringir y sancionar expresiones ciudadanas en las redes sociales es muestra de intolerancia y autoritaritarismo. 
Los intentos por restringir la libertad de expresión que aún existe en las redes con el pretexto de regular insultos deben ser frenado por los usuarios de éstas.
Sancionar a ciudadanos que agredan a través de redes sociales resulta innecesario, si tomanos en cuenta que las comunidades en Internet tienen reglas, políticas, normas a aplicar contra quienes ofendan y manifiesten odio contra personas o grupos sociales.
Sería más adecuado pedir a los propietarios o usufructuarios de las redes sociales, a los controladores del facebook o Twitter, que dejen de ser restrictivos e intolerantes con quienes suben imágenes como los desnudos artísticos. 
Más duros deberían ser con la pornografía que existe en la red, pues muchas veces denigra al ser humano y sobre todo a las mujeres.
Amenazar con hasta tres años de cárcel a quienes a través de redes sociales ofendan o agredan a un servidor público o político es, por lo explicado arriba, aberrante.
Quien promueva regular redes sociales y sancionar de esa manera, además de reflejar ignorancia acerca del uso de estos espacios de libertad, trasluce intolerancia.
Es casi segura la condena de la sociedad civil a iniciativas como ésta. Y sería más grave si resulta ser ésta una consigna política de un grupo fundamentalista, porque impulsar leyes y reformas que busquen restringir la expresión libre de opiniones cae en el fascismo.
Es importante que exista en esta coyuntura una ciudadanía alerta que pida a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Angulo, abandone ese intento y se informe bien, pues existen normativas que regulan y sancionan a usuarios que usan insultos y agreden a otros.
Sería mucho mejor hacer una iniciativa que tenga como objetivo educar en el manejo responsable y respetuoso de las redes sociales.
Continuar en su intento de reformar el Código Civil en sentido contrario a la libertad significaría una provocación a la ciudadanía que sabrá, sin duda, cómo pasarle la factura en las próximas elecciones locales.