Usa Gobernador a taxistas como cortina de humo y contrata arrendamiento

CHETUMAL, QRoo, 31 de mayo de 2018.- Mientras los taxistas desquiciaban los destinos turísticos con sus protestas, el Congreso local autorizó al gobierno de Carlos Joaquín González, un contrato de arrendamiento por 2 mil 900 millones de pesos para cámaras y equipamiento de seguridad.

Una vez que se dio a conocer este nuevo estilo de endeudamiento que adquirirá el Ejecutivo Estatal, comenzaron a encenderse las redes sociales en Quintana Roo en contra del gobernador.

Críticas despectivas, comentarios de desaprobación, cuestionamientos respecto a la transparencia en la ejecución de recursos por parte de su gobierno y hasta insultos ha recibido el Gobernador del Estado.

De esta manera, el gobernador del cambio, en menos de una semana, suma ya varios escándalos que enardecen las redes sociales.

Primero fue el pago de más de un millón de pesos por su foto oficial y el gasto que hizo en réplicas a las oficinas de gobierno y ayuntamientos en los 11 municipios, dinero que la ciudadanía le exigió devolver al erario.

En los últimos días, el enojo y la indignación de los 17 gremios de taxistas, que incluso consideraron como agravio la nula defensa para evitar que se aprobara la Ley de Movilidad en Quintana Roo y el apoyo que veladamente mantiene hacia Uber.

De hecho, al entrar a hablar con él a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno de Chetumal, exigieron a los líderes taxistas apagar sus celulares y quedaron incomunicados por más de cuatro horas que duró la reunión.

Y mientras esto sucedía, en la sede del Congreso del Estado se recibió de manera expedita la solicitud del Ejecutivo para contratar dos mil 900 millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento absoluto, a fin de que las secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas y Planeación implementen el proyecto Quintana Roo Seguro, que incluye la adquisición de equipo tecnológico para Cancún por una duración de 51 meses.

Según se informó, dicha iniciativa ni siquiera estaba considerada en la orden del día de la Legislatura, pero fue presentada y aprobada con el voto unánime de los diputados.

Así, la arrendadora seguirá siendo la dueña del bien y el arrendador, en este caso el Gobierno del Estado, pagará renta mensual fija de unos 60 millones de pesos, que según se dijo sería con recursos propios del Ejecutivo.

La justificación es que el proyecto busca implementar un mecanismo de identificación vehicular considerado el primer círculo de seguridad, con la instalación de 3 arcos carreteros en tres accesos a la zona norte de la entidad; un esquema de video vigilancia con la instalación de 450 puntos de monitoreo en las  principalmente avenidas, áreas comerciales y zonas turísticas de Cancún.