OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 10 de octubre de 2010.- El Pleno de la XV Legislatura del Estado aprobó, con 21 votos a favor y uno en contra, la reforma a la Constitución de Quintana Roo mediante la cual se dará mayor apertura al proceso de designación de Fiscal General del Estado, al evitar la injerencia de los partidos políticos y abrir la posibilidad de que el Congreso pueda realizar una convocatoria abierta a la sociedad civil para la recepción de propuestas al cargo.

En la sesión ordinaria número 12, presidida por el diputado Luis Ernesto Mis Balam, los diputados avalaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II, y los párrafos primero y cuarto del inciso A), del apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el párrafo segundo del inciso A), del apartado A del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.


El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, destacó que Quintana Roo no es el primer estado que elimina el requisito de residencia para el cargo de Fiscal General, pues en la gran mayoría del país no es exigible este requisito.
También destacó la apertura que se le otorgará al procedimiento de designación del titular de la Fiscalía General, pues con las modificaciones aprobadas, las fracciones parlamentarias están ciudadanizando el procedimiento para abrir paso a la participación de la sociedad civil.
La diputada Leslie Hendricks votó en contra de la reforma por considerar que no se estaría cumpliendo con el requisito de mínima vinculación con la comunidad.
Dijo que homologar el procedimiento con el del Fiscal General de la República, resulta también fuera de proporción por el evidente grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal en comparación con ese mismo cargo a nivel federal.
De acuerdo al procedimiento legislativo correspondiente, la minuta constitucional será turnada a los 11 ayuntamientos del estado para que sea sometida a consideración de su respectivo Cabildo.
De acuerdo con el dictamen, se eliminó el requisito de ser oriundo y residencia para establecer que además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal General deben contar con residencia en el país.
En la reforma se especificó que, para el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, sí será exigible el requisito de ser oriundo y residencia mínima en la entidad.
También se homologará el procedimiento de integración de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, al previsto en la Constitución Federal, eliminado la disposición que establecía que la presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para el cargo.
Esta modificación permitirá abrir el procedimiento a las organizaciones de la sociedad civil y de profesionistas, según determinen los integrantes de la Legislatura.
De aprobarse la minuta por la mayoría de los ayuntamientos, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y entonces la Legislatura contará con un plazo de 10 días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General, integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.