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Benefician con más de 15 mdp a constructora fantasma

Redacción/Quadratín Quintana Roo
 
| 25 de junio de 2018 | 20:35
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CANCÚN, QRoo, 25 de junio de 2018.- Con 15 millones 49 mil 931 pesos, el gobierno estatal ha beneficiado a través del Instituto de Infraestructura Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), que dirige Abraham Rodríguez Herrera, a la constructora Forza Drill, empresa que ha recibido los recursos en un plazo menor a ocho meses.

El dinero le fue entregado al apoderado legal Juan José Pérez Arcibar en cuatro emisiones: tres veces por adjudicación directa y una por una licitación en la que fue el único competidor, pero la constructora ni siquiera tiene página web, presencia en redes sociales y su domicilio fiscal es una casa abandonada en un predio del municipio de Benito Juárez. Ante las irregularidades, empresas reconocidas del sector de la construcción presentaron su queja al gobernador Carlos Joaquín González en una de sus visitas a Cancún, sin embargo el dinero ya se entregó y ahora la empresa fantasma que ni siquiera es virtual deberá reparar preescolares y primarias de Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez, según lo acordado con el Instituto de Infraestructura Educativa de Quintana Roo.

Por adjudicación directa, se le pagaron tres millones 537 mil 75 pesos en octubre de 2017 para centros educativos de Solidaridad.

Un mes después, en noviembre, la empresa fantasma recibió tres millones 592 mil 900 pesos para planteles de Cozumel en el plan federal escuelas al cien y en diciembre pasado cobró el cheque por seis millones 189 mil 638 pesos, ahora para planteles del municipio de Benito Juárez.

El Ifeqroo le pagó luego de una licitación en la que de forma irregular solo participó esa empresa otro millón 730 mil 318 pesos, ahora para escuelas de Puerto Morelos.

El problema aumenta porque su domicilio fiscal es distinto al presentado en los contratos del Ifeqroo, cuando se supone que para asignar recursos por cualquier figura se deben de cotejar los datos entregados por cada empresa a fin de que el recurso público se entregue a empresas serias y reconocidas, que garanticen los trabajos contratados.