Consejo Maya exige a la Corte: “No decidan sobre nosotros sin nosotros”

CANCÚN, QRoo, 21 de septiembre de 2026.-El Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrir un espacio de diálogo directo con sus representantes, en medio de la controversia judicial relacionada con el uso comercial de elementos del patrimonio cultural maya por parte de Grupo Xcaret.

El conflicto se remonta a 2022, cuando el organismo indígena inició acciones ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Posteriormente, el Consejo y Grupo Xcaret establecieron acuerdos de colaboración que incluyeron una contraprestación de 15 millones de pesos, según documentos y reportes difundidos durante el proceso.

Sin embargo, el 26 de marzo de 2026, el Pleno de la SCJN revocó la suspensión definitiva que permitía a la empresa mantener elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad. La Corte sostuvo que la protección de este patrimonio tiene carácter colectivo y que no puede quedar debilitada por una autorización otorgada por un solo órgano.

Ante esta resolución, Simón Caamal Coh, presidente del Gran Consejo Maya, reclamó que las representaciones indígenas sean tomadas en cuenta directamente durante la nueva etapa del proceso. El organismo sostiene que su participación y capacidad de representación están reconocidas por la legislación de Quintana Roo y que sus usos, costumbres y decisiones autónomas deben ser considerados.

El Consejo Maya afirmó que su postura no pretende generar una confrontación con el Gobierno federal ni con la Suprema Corte, sino defender su derecho a participar en los asuntos que involucran directamente su patrimonio cultural. “No necesitamos que alguien más piense, decida o hable por nosotros”, señala el documento difundido por la representación indígena.

La organización cerró su posicionamiento con un llamado a las instituciones mexicanas para que las comunidades indígenas tengan participación directa en las decisiones que les afectan: “No decidan sobre nosotros sin nosotros”. El caso mantiene abierta la discusión sobre representación indígena, patrimonio cultural y los alcances de los acuerdos celebrados con empresas privadas.