CANCÚN, QRoo, 6 de agosto de 2018.- Las comunidades mayas en la consulta pública pedirán decidir acciones en el Acuerdo de Sustentabilidad en la Península de Yucatán (ASPY) y  solicitarán se decrete la prohibición de transgénicos.
Actualmente, la legislación en ese tema es la Ley de Bioseguridad, mejor conocida como ley Monsanto, que favorece la tendencia de esta empresa al uso de transgénicos.
La regulación establece que las Zonas Libres de Transgénicos únicamente pueden ser decretadas por instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dependencia que otorgó el permiso a Monsanto y que le apoya contra las comunidades demandantes, según denunció el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Colectivo de Semillas Nativas Much’ Kanan I’inaj, Educación, Cultura y Ecología y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Ante ello, los afectados lograron que en la Península de Yucatán con base en una consulta pública determinen si aprueban el uso de trasgénicos o no.
Dijeron que a la fecha, “los decretos de zonas libres de transgénicos, promovidos por los gobiernos estatales, son un engaño y una estrategia para desmovilizar a las organizaciones”, pero advirtieron que no dejarán que entren a la Península de Yucatán de forma oficial.
En 2016, el gobierno de Yucatán emitió un decreto similar al que se supone emitiría el gobierno de Quintana Roo. El primero fue impugnado y la Presidencia de la República lo llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo su anulación, ya que en ese entonces se dijo que el gobernador Rolando Zapata Bello y demás instancias estatales aplicaron atribuciones que no les correspondían.
En el caso de Quintana Roo, las comunidades buscarán el permiso federal que Sagarpa para que quede sin efecto la ley Monsanto que siembra soya transgénica por tiempo indefinido.
Las comunidades indicaron que en la nueva consulta afianzaràn lazos con comunidades de Campeche y Yucatán para que las simulaciones se conviertan en realidad.
“Denunciamos que el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los tres gobernadores de la península y los respectivos secretarios de medio ambiente, en diciembre de 2016, es un instrumento en el que ellos ponen en oferta el territorio maya para las empresas que se dicen verdes y de energías limpias, eólicas y de paneles solares que también pretenden deforestar miles de hectáreas y despojar a los pueblos”, indicaron.
No queremos mecanismos que legalizan y profundizan el despojo a las comunidades y tampoco queremos trangénicos, agregaron.
“No a las semillas transgénicas de todo tipo, ni a los monocultivos como la palma africana o a los modelos de mercantilización de la naturaleza, no a la contaminación de nuestras aguas, tierra, aire, semillas, que ponen en riesgo la salud de nuestros pueblos y no a la devastación masiva de selva, plantas y animales en el territorio maya”, y si los gobiernos estatales quieren ayudarnos y al territorio maya, deberán garantizarlo con un decreto, dijeron finalmente.