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Foto: Especial

Rasuran 225.5 hectáreas de tierras forestales al sur de Quintana Roo

Redacción/Quadratín Quintana Roo
 
| 25 de junio de 2018 | 8:20
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CHETUMAL, QRoo, 25 de junio de 2018.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso la clausura total temporal de las actividades y trabajos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales por la remoción de la cobertura vegetal, en un conjunto de predios ubicados en el Ejido Saxcan, del municipio de Othón P. Blanco, donde se pretendían implementar actividades de agricultura y ganadería.


La dependencia actuó luego de detectar las irregularidades en sobrevuelos realizados en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente de Quintana Roo.

Luego de la visita de inspección en terrenos del Ejido Sacxan, se constató la afectación en una superficie total de 225.5 hectáreas, en donde se pretendía implementar actividades de agricultura y ganadería.

El personal documentó la remoción total de la vegetación natural en un ecosistema de vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa subperennifolia y secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia presente en el lugar.

Al momento de la visita, el responsable de las actividades no acreditó contar con la autorización federal para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) necesario para tal efecto.


Por tal motivo y con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se impuso como medida de seguridad la clausura.

De acuerdo a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 157, fracción II, las violaciones cometidas podrán ser sancionadas con la imposición de una multa por el equivalente de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, independientemente de las sanciones penales que resulten.

El artículo 418 del Código Penal Federal, establece que dichas conductas pueden derivar en un delito penal y se podrá imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión, de acuerdo con la gravedad del ilícito.