Exigen indígenas y afromexicanos que Poder Judicial no sea racista

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto de 2019.- Coinciden activistas y académicos en que hay fuerte racismo contra indígenas y afromexicanos en quienes conforman Poder Judicial.

Durante un foro organizado por la Suprema Corte de la Nación sobre el acceso de pueblos indígenas a la justicia, los ponentes coincidieron en que tanto las instituciones como las leyes están marcadas por el racismo, ya que los derechos que son reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales, les son regateados a los pueblos en los tribunales nacionales.

Una de las intervenciones más relevantes en el Foro Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Autonomía , Resistencia y Dignidad, fue la de Isabel Monarca, rarámuri de Chihuahua, que se convirtió en una defensora del territorio de su pueblo ante las constantes amenazas de despojo, incluidas las ocasionadas por los proyectos turísticos en la región de las Barrancas del Cobre.

Contó la desgarradora historia en la que como pueblo han tenido que tocar a las puertas de los tribunales para defender el territorio de sus abuelos.

Isabel es autoridad comunitaria y dijo: “luchamos 12 años y ya tenemos papeles que nos reconocen, que en Huitosachi somos los dueños, no fue fácil, esperamos muchos años para ganar, casi no sabíamos hablar el español, de ahí poco a poco fuimos aprendiendo”.

Otra de las intervenciones fue la de Heber Uc Rivero, del Colectivo de Semillas Muuch Kanan l´ínaj, de la Península de Yucatán, que denunció la imposición de megaproyectos como el llamado Tren Maya.

Recordó que en el caso del cultivo de la soya transgénica no tuvieron la información oportuna sobre las implicaciones de dicho monocultivo que puso en riesgo otras actividades vitales como la apicultura.

Compartió la estrategia de defensa del territorio maya que incluyó campañas de información a los campesinos, sistematización y documentación de los impactos negativos de la agroindustria y una vía legal, al interponer un recurso de amparo exigiendo ante los tribunales la cancelación del permiso para la producción de soya transgénica.

Dijo que la justicia federal hizo caso omiso del derecho sustancial de pueblos indígenas a la libre determinación, quienes solicitaron la cancelación del permiso.

A cambio de ello, explicó, la sentencia ordenó la realización de una consulta indígena no vinculatoria que dejaba intacto el permiso.

Dicha sentencia puso de manifiesto el racismo y discriminación con que muchas personas ejercen la función pública en este país, agregó.

Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados, destacó la relevancia de los pueblos indígenas en la conservación del territorio y de los recursos naturales.

Dijo que “les debemos mucho de lo que se mantiene, es un dato importante que 70 por ciento de bosques y selvas esté en manos de pueblos indígenas; que dos terceras partes de las aguas y los manantiales de este país estén en los territorios indígenas, y eso significa una gran cantidad de conocimientos en la utilización y conservación de flora y fauna” .

Fidencio Romero Tobón, de Pahuatlán, Puebla, dijo que ganaron una sentencia sobre la ejecución directa de su presupuesto y que el Cabildo se niega a acatarla.

Condenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuente con un área especializada para impartir justicia a pueblos indígenas.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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